INFORMACIÓN ECONÓMICA MÁS IMPORTANTE Y NOVEDADES LEGISLATIVAS EL BOE 10/03/2020 y BOCM 10/03/2020
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El Gobierno adoptará medidas dentro de la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para «evitar» los desahucios por impago en el alquiler de las viviendas en aquellas zonas con precios tensionados, tal y como ha anunciado este lunes en un comunicado. Estas zonas tensionadas, a falta de la definición que establezca el Gobierno, suelen ser aquellas en las que los hogares destinan más de un 30% de sus ingresos al arrendamiento, aunque también se admiten otros supuestos, como aquellos lugares en los que el precio ha aumentado entre un 25% y un 30% en pocos años. La medida pondrá el foco en zonas con alquileres tensionados cuando la propiedad del inmueble pertenezca a «grandes tenedores».

La variación trimestral del coste por hora trabajada es del 0,8%, una vez eliminados los efectos de calendario y estacionalidad, según el INE. El coste por hora trabajada aumenta un 3,0% en tasa anual en la serie corregida de efectos de calendario y estacionalidad, y un 2,2% en la serie original. Las secciones que registran los mayores incrementos anuales en el cuarto trimestre de 2019 son Actividades inmobiliarias (5,9%), Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación (4,8%) y Otros servicios (4,3%). Por su parte, las variaciones más bajas se dan en Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (–0,2%), Industrias extractivas (0,2%) e Industria manufacturera (0,8%).

Las ejecuciones hipotecarias experimentaron durante 2019 un importante descenso –del 36,5 por ciento- al alcanzar la cifra total de 17.411, la más baja registrada desde 2008. También disminuyeron los lanzamientos, tanto los derivados de la aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) como los derivados de las ejecuciones hipotecarias. El total de lanzamientos fue de 54.006, un 9,5 por ciento menos que en 2018. Estos datos están recogidos en el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales”, que hoy ha hecho público la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial. El número de concursos presentados en 2019 fue de 12.031, un 32 por ciento más que los registrados el año anterior. Los registrados en los Juzgados de la Mercantil experimentaron un aumento del 18,9 por ciento con respecto a 2018. Las 120.049 demandas por despido presentadas en los Juzgados de lo Social en 2019 supusieron un incremento del 11,9 por ciento respecto a las registradas el año anterior. Los procedimientos monitorios aumentaron un 25 por ciento.

El TSJ de Aragón reconoce la relación laboral de una médico con la clínica en la que trabajaba por horas. En su resolución los magistrados tienen en cuenta los elementos que determinan una relación laboral, y por ello consideran que “no hay ninguna duda de que existía una dependencia de la recurrente con la clínica” porque su actividad estaba enmarcada en el círculo organizativo de la empresa, porque percibía por su servicio una contraprestación fija establecida por la empresa y porque la prestación de esos servicios por parte de la médico tenían un peso específico de envergadura en la actividad empresarial desarrollada por la organización, por lo que afirman que existía una relación laboral. La Sala de lo Social ratifica en una sentencia la relación laboral pero desestima el recurso de ésta contra la empresa por su cese laboral al considerar que no fue un despido improcedente.

La tasa de variación anual del Índice de Precios de Vivienda en el cuarto trimestre de 2019 disminuye más de un punto y se sitúa en el 3,6%, según el INE. Los precios de la vivienda bajan seis décimas respecto al trimestre anterior. Por tipo de vivienda, la tasa de la vivienda nueva alcanza el 5,3%, 1,3 puntos por debajo de la registrada el trimestre anterior. Por su parte, la variación anual de la vivienda de segunda mano baja un punto, hasta el 3,4%. La tasa anual del IPV disminuye en 10 comunidades autónomas en el cuarto trimestre respecto al tercero, y aumenta en las siete restantes.

El arrendamiento se convierte en la diana de propietarios sin escrúpulos, inquilinos deshonestos y agencias ‘pirata’. Por parte de algunos inquilinos se ha puesto de moda falsificar los ingresos para sortear la selección que hacen los propietarios. Están dispuestos a asumir, erróneamente, un esfuerzo financiero por encima del 30% o 35% de sus ingresos. La tecnología facilita crear una nómina o hacer un duplicado variando los datos. De hecho, hay algunas agencias inmobiliarias piratas que se dedican a eso. Más que abusivas son las prácticas que emplean algunos caseros cuando se trata de contratos de renta antigua anteriores a 1994. “Se hace mobbing a los inquilinos, les ponen andamios, les cortan el ascensor y la luz o le meten a un grupo de personas para que les haga la vida imposible”. Y un clásico: las estafas en arrendamientos de casas para vacaciones.

SECTORES BANCARIO Y BURSÁTIL

Las principales bolsas de Europa han vivido un nuevo ‘lunes negro’. Las fuertes caídas han supuesto caídas del 11% en Italia. En el Ibex 35, el derrumbe ha sido del 7,96%, la mayor caída desde el Brexit, hasta los 7.708,7 puntos, lo que supone precisamente mínimos de junio de 2016. Y es que la guerra de precios del crudo iniciada por Arabia Saudí frente a Rusia es la gota que colma el vaso para los mercados mundiales en un momento en el que predomina la incertidumbre por el coronavirus Covid-19. El crudo vive un auténtico desplome esta jornada, el mayor en un día desde hace 29 años. En apenas tres semanas, el selectivo ha perdido un 23,5%, más de 100.000 millones de capitalización.

Sareb está buscando la fórmula que le permita liquidar su cartera de una forma más ágil sin que eso le lleve a entrar en causa de disolución. Entre las vías que están analizando, se encontraría la de realizar un nuevo cambio en su normativa de contabilidad, que le permita quedarse sin recursos propios, sin que ello suponga causa de disolución para la compañía. Al cierre de 2018 contaba con un patrimonio neto de 1.177 millones de euros. La sociedad todavía cuenta con créditos subordinados por volumen de 1.500 millones.

La Audiencia Provincial de Madrid libra al demandado del pago de casi 6.500 euros porque las cláusulas estaban redactadas con una tipografía “minúscula” e “ilegible”. La resolución señala que la tipografía «minúscula» del clausulado hizo que se incumplieran todos requisitos de transparencia exigidos por la ley para este tipo de productos financieros. Por si esto fuera poco, la demandante incurrió en continuas imprecisiones y fue incapaz de acreditar ni un solo céntimo reclamado durante el juicio.

EMPRESA

El TSJ de Cataluña ha dictado que los repartidores de Glovo son asalariados y no socios autónomos, tal como defiende la compañía. La Sala Social del TSJC ha revocado la decisión del Juzgado Social número 24 de Barcelona, que en mayo de 2019 absolvió a la empresa de la demanda por despido improcedente interpuesta por uno de los repartidores. El tribunal considera que la relación contractual entre el repartidor o rider y la empresa es “un contrato de trabajo”, declara que hubo despido improcedente y condena a Glovo a readmitir o indemnizar al trabajador. La sentencia destaca, además, que existe una aplicación para los clientes y una para los repartidores, y considera que es “significativo” que el cliente no pueda acceder a la aplicación de los riders, con lo que no existe una relación directa entre el cliente y el repartidor, sino que tienen que pasar ambos por la plataforma.

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