INFORMACIÓN ECONÓMICA MÁS IMPORTANTE Y NOVEDADES LEGISLATIVAS 10/02/2021

INFORMACIÓN ECONÓMICA MÁS IMPORTANTE Y NOVEDADES LEGISLATIVAS EL BOE
10/02/2021, BOCM 10/02/2021

INFORMACIÓN ECONÓMICA.

• El TSJPV ha resuelto permitir a los bares y restaurantes de Euskadi reabrir en los municipios que se encuentran en ‘zona roja’ por la alta incidencia de la Covid-19, a pesar del decreto del Gobierno vasco que lo prohíbe. El Tribunal concluye que no aparece con claridad la influencia de la apertura de los establecimientos hosteleros con el elevado nivel de incidencia del virus tras la celebración de la Navidad, ya que también aumentaron la movilidad y las reuniones familiares. La Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJPV ha adoptado esta medida cautelar solicitada el pasado 4 de febrero por los hosteleros vascos, a través de un recurso en el que reclamaron que se eliminara la medida decretada por el Ejecutivo de clausurar bares y restaurantes en localidades de más de 5.000 habitantes en los que la Tasa de Incidencia Acumulada de casos positivos por covid-19 en los últimos 14 días fuera igual o superior a 500 por cada 100.000 habitantes.

• El Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre para establecer un régimen sancionador para los casos de morosidad en el sector del transporte de mercancías por carretera llega al Congreso. Establece un nuevo tipo infractor por el incumplimiento del plazo máximo legal de pago de sesenta días previsto en la Ley 3/2004, en los contratos de transporte de mercancías por carretera, en línea con otros precedentes existentes en nuestro ordenamiento jurídico para sectores económicos con tipologías empresariales similares.

• El Consejo de Ministros ha aprobado el Convenio entre el Reino de España y Ucrania para eliminar la doble imposición en relación con los impuestos sobre la renta y prevenir la elusión y evasión fiscal. El texto del Convenio, que incorpora los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), consta de veintiocho artículos. La negociación formal de un nuevo Convenio se inició en la década pasada. Al concluir la tercera ronda de conversaciones -en junio de 2008- restaba como aspecto más relevante pendiente de consenso la tributación de las denominadas rentas pasivas (dividendos, intereses y cánones). Tras distintos intercambios en los años siguientes, en diciembre de 2017 se adoptó el texto del Convenio, cuyo Artículo 27 determina que en la fecha en que surta efectos sustituirá, respectivamente, al referido Convenio de 1985 y al Artículo XIV del Convenio hispano-ucraniano de transporte aéreo de 7 de octubre de 1996 -circunstancia que este último ya contemplaba-.

• La improcedencia en el despido es el fallo generalmente emitido por los juzgados de lo Social al abordar los despidos de trabajadores bajo la vigencia por causas económicas durante el estado de alarma. La consideración de despido nulo, por el contrario, a pesar de su mayor notoriedad, se emplea tan solo en aquellos que revisten una mayor gravedad por incumplimiento de alguna normativa, no solo del artículo 2 del Real Decreto-Ley 9/2020, que trata de impedir los despidos bajo el estado de alarma. La mayoría de las sentencias respaldan que el RDL no ha establecido explícitamente una prohibición de despedir. Por ello, aplican la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo que determina el carácter tasado de los casos de nulidad.

• La pandemia ha multiplicado por tres el número de bajas laborales que se producen en España en un año. De hecho, según las cifras que aporta la Seguridad Social hasta el mes de noviembre, de las 3.006.856 bajas acumuladas, un 75% de ellas se deben directamente al Covid. Concretamente, en el desglose se atribuyen al virus 2.262.947 bajas del total de las registradas en el año, de modo que las ausencias por incapacidad temporal por causas ajenas al Covid es de 743.909 bajas. De modo que el virus fue responsable directa o indirectamente de tres de cada cuatro bajas de trabajadores en España el pasado año.

• El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación podrá ordenar una retirada obligatoria de producción de aceite de oliva a todos los operadores del sector, hasta la campaña siguiente, para contener una caída de precios. Esa retirada temporal, que podrá incluso llegar a un destino del aceite a uso no alimentario, la deberá hacer el Gobierno central previa consulta a las comunidades autónomas y a los representantes del sector. La medida está recogida en un real decreto que desarrolla los requisitos de comercialización de aceite de oliva fijados por la Unión Europea, transitorios hasta la nueva PAC.

• El Ministerio de Hacienda ultima la reforma del reglamento del IRPF por la que se adaptará la subida de este impuesto a rentas altas y permitirá que el plan de pensiones individual y el de las empresas puedan desgravarse en conjunto, elevando el cómputo total de la reducción se ampliará hasta los 10.000 euros, mientras que el límite de aportaciones máximas a planes individuales baja a 2.000 euros. Así figura en el proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento del IRPF, sometido a consulta pública y con fecha de finalización de observaciones al mismo el 25 de febrero, y en el que se adaptan los cambios de este gravamen y las subidas aprobadas en los Presupuestos de 2021.

SECTORES BANCARIO Y BURSÁTIL

• Los analistas prevén una fuerte recuperación para el grupo financiero Santander en este ejercicio por el incremento de los volúmenes de actividad en todos los mercados en los que opera y el menor coste de riesgo. Según Barclays, el grupo financiero cerrará 2021 con unas ganancias de en torno a 4.300 millones de euros, lo que permitirá a la entidad cumplir su compromiso con los más de 4,1 millones de accionistas que tiene de repartir un dividendo en efectivo de 0,10 euros por acción. Los analistas se mantienen optimistas respecto al grupo, y elevan un 6% el incremento del beneficio para 2022, frente a su previsión anterior.

• Las criptodivisas son el activo de moda. Parece evidente que la crisis del covid-19 y la digitalización de las economías están dando un impulso a estos criptoactivos, que no paran de batir récords en sus cotizaciones a medida que su inversión se generaliza. Algunas como el bitcoin ya tienen hueco en varias de las carteras de inversión más poderosas del globo. Pese a todo, los reguladores insisten en los peligros que se ocultan detrás de la maraña de noticias positivas y de nuevos récords de precios: son una inversión de alto riesgo y que no cuenta con marco regulatorio en la UE. Además, la CNMV y el BdE recalcan que «no existe todavía en la Unión Europea un marco que regule los criptoactivos como el bitcoin, y que proporcione garantías y protección similares a las aplicables a los productos financieros». Aunque reconocen que se está negociando a nivel europeo un Reglamento (conocido como MiCA) que tiene como objetivo establecer un marco normativo para la emisión de criptoactivos y los proveedores de servicios sobre estos.

EMPRESA

• La hostelería española ha decidido dar un paso adelante en defensa de sus derechos. Miles de pequeñas y medianas empresas se han lanzado así a reclamar indemnizaciones por las pérdidas causadas ante el cierre forzoso al que se vieron obligadas durante el Estado de Alarma decretado el 14 de marzo del año pasado. La patronal del sector, Hostelería de España, ha llegado a un acuerdo con la plataforma Indemniza y el despacho Écija Abogados, para presentar las reclamaciones, aunque hay muchos más bufetes y organizaciones que están trabajando en procesos similares. el promotor de Indemniza, recomienda a los afectados que «presenten sus reclamaciones antes del 14 de marzo antes de que se cumpla un año del decreto por el que se aprobó el confinamiento».

B.O.E 35 10/02/2021
Préstamos hipotecarios. Índices.- Resolución de 1 de febrero de 2021, del Banco de España, por la que publican los índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la compensación por riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios, así como para el cálculo del diferencial a aplicar para la obtención del valor de mercado de los préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente.